Equipo La linterna
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- En asistencia social, tanto la UNE como Movimiento Semilla se enfocan en programas de transferencias monetarias, los cuales no se puede saber si son viables al no ser acompañados de un proyecto de presupuesto.
- Entre las propuestas que coinciden en ambos planes de gobierno está la asistencia económica a las familias que estén al cuidado de menores de edad en riesgo alimentario, de enfermedades o deserción escolar.
- Expertos señalan que varias de las propuestas podrían estar ya incluidas en el presupuesto general, pero, les preocupa que no haya detalles sobre el modelo de ejecución para que no se vuelvan programas clientelares.
El Bono del adulto mayor, el Bono familia (que sustituyó a la Bolsa solidaria), becas de estudio, de apoyo a pequeños emprendedores y agricultores y transferencias condicionadas con énfasis en desnutrición son algunos de los apoyos directos que el actual gobierno otorga a poblaciones en situación de pobreza en Guatemala. Según la Secretaría General de Planificación (Segeplan) «hay más de 3 millones de guatemaltecos que necesitan la atención del Estado».
El Instituto Nacional de Estadística (INE) indica, en su último registro de 2014, que el 59.3% del total de la población guatemalteca se encontraba en pobreza, de la cual el 23.4% estaba en pobreza extrema.
Las condiciones no han variado mucho. El Banco Mundial proyecta que al finalizar 2023 el total de personas en pobreza reduzca a 55%, lo que representa 9.7 millones de los 17.3 millones de guatemaltecos.
Ante ese panorama, los planes de gobierno de los partidos Movimiento Semilla y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ofrecen programas asistencialistas a través de transferencias monetarias. En el caso de Sandra Torres ofrece reactivar la bolsa solidaria, un programa que implementó su esposo, Álvaro Colom, cuando gobernó.
Por aparte, el Movimiento Semilla propone un «rediseño y consolidación» de los programas de protección y asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a través de la creación de una base de datos para tener un registro único de beneficiarios. Actualmente, los aspirantes a ser beneficiados se inscriben por medio de un formulario en el portal electrónico de la entidad a los diferentes programas que existen.
Bernardo Arévalo también plantea otorgar transferencias económicas a 500,000 hogares (el 14% del total de hogares guatemaltecos) condicionados a mantener en supervisión a niñas, niños y adolescentes con riesgo de hambre, enfermedades o deserción escolar.
Otras dos propuestas de Semilla hablan de aumentar en un 34% la cobertura del Programa del Adulto Mayor, vigente desde 2005. Los beneficiarios pasarían de 132,000 a 200,000. La propuesta también incluye aumentar en un 25% el monto del beneficio a cada uno, es decir, de 500 pasaría a 625 quetzales mensuales.
La segunda propuesta de Semilla es implementar una «política de personas con discapacidad» y el fortalecimiento de las acciones para el goce pleno de los derechos de este grupo poblacional. De este plan no cuentan con proyección de beneficiarios, presupuesto ni en qué consistiría la implementación de dicha propuesta.
El ofrecimiento de Sandra Torres
Torres, por su parte, propone el regreso de tres programas sociales implementados durante la gestión del presidente Álvaro Colom, cuando ella era Primera Dama: Mi familia progresa, Bolsa solidaria y Escuelas abiertas.
Además, se propone entregar «medio salario mínimo a las madres solteras». Según cifras del Censo 2018 publicado por el INE, un 17.8% de los hogares (al menos 623,000) son monoparentales con jefatura femenina.
Sandra Torres también ha propuesto públicamente becas deportivas y un bono de 300 quetzales mensuales para los motoristas, pero ambos ofrecimientos no están en su plan de gobierno.
Ninguno de estos proyectos tiene contemplados costos y tampoco proyecta el número de beneficiarios, sólo en el caso de la bolsa solidaria, Ramón Fión, asesor en materia económica del partido, dijo a La linterna será entregada a 250,000 familias, el 7% del total de las familias guatemaltecas.
Sin embargo, Fión aseguró ante el cuestionamiento de La linterna para una verificación sobre el ofrecimiento de la bolsa solidaria mejorada, que para todos los proyectos sociales que promete Torres necesitarían unos 60,000 millones de quetzales anuales, lo que representa el 58% del presupuesto aprobado para 2023. Es decir, un ofrecimiento inviable.
Una propuesta en la que coinciden los planes de ambos partidos es la asistencia a menores de edad. La UNE propone la creación de guarderías «en los barrios para que las madres de familia puedan trabajar», aunque tampoco detalla el presupuesto, proyección o ubicaciones.
Semilla ofrece la creación de «una red de centros de cuidado infantil», la cual tendría la capacidad para atender a 350,000 niñas y niños durante los primeros cuatro años de vida y beneficiaría a 224,000 madres y padres de familia, según las proyecciones del partido.
Planes deben estar fundamentados
Hugo Maúl, economista e investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que ninguno de los planes de los dos partidos cuenta con información técnica del dinero a utilizar para implementar los programas.
También considera que varios de esos programas ya existen en la actual administración, aunque con otros nombres (sin la certeza de una ejecución eficiente), por lo que de ahí hubieran podido tener una idea de los costos que representan para considerar la viabilidad de sus propuestas y el alcance que podrían tener.
Otro aspecto que los partidos deben considerar si verdaderamente quieren apoyar a la población, según Maúl, es el fortalecimiento institucional para que el otorgamiento de la ayuda social sea correcto y no solo busquen entregar recursos de forma clientelar a poblaciones vulnerables.
Edgar Balsells, economista y ministro de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Colom, también explica que en ambas propuestas los partidos políticos «no cuentan con la claridad» de cómo van a implementar la ayuda social.
Balsells considera que así no es posible hacer un análisis de la viabilidad de la implementación de esas promesas debido a que no han sido planteadas de manera formal con consideraciones realistas sobre la disposición del presupuesto general.
«El presupuesto para 2024 se aprueba este año, con un Congreso que tiene otros intereses y fuerzas, ¿cómo se garantiza que se cumplirán los planes de cualquiera de los dos partidos de esa forma?», se cuestiona.
A favor y en contra en el Congreso
En el actual periodo legislativo, entre otros programas asistencialistas, fueron aprobados cinco decretos que buscaban entregar subsidios para la adquisición de gas propano, gasolina regular y diesel durante la pandemia del coronavirus.
La UNE apoyó, por mayoría, la aprobación de estos subsidios –y sus prórrogas–, mientras que Semilla votó en contra debido a que el dinero se entregaba directo a los empresarios y no a los consumidores como ellos pretendían.
El Congreso de la República también aprobó el decreto 10-2020 por un préstamo de US$200 millones durante la pandemia del COVID-19, esto para «el fortalecimiento de hospitales y programas de ayuda».
Los subsidios para el combustible fueron autorizados a través de dos decretos (20-2022 y 28-2022) que aprobaron una ampliación presupuestaria al Ministerio de Energía y Minas de 2,260 millones de quetzales. Para el subsidio al gas propano se aprobaron 220 millones.
El aporte para la gasolina regular fue de dos quetzales con 50 centavos por galón y para el diesel fue de cinco quetzales por galón. En el caso del gas propano fueron 80 centavos por cada libra en cualquiera de las presentaciones de los cilindros.
El procedimiento de estos aportes consistió en que los montos fueron trasladados del Ministerio de Energía y Minas a las distribuidoras de combustible y de gas para que los usuarios tuvieran un descuento hasta completar el subsidio, pero Semilla siempre argumentó que no había forma de verificar con certeza que los empresarios otorgaran lo que correspondía y que el dinero mejor se debió entregar directo a los usuarios.
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