Explicativa

Diferencias entre los procesos judiciales contra Semilla y Prosperidad Ciudadana

Por: Christian Gutierrez Ocote

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  • El excandidato Carlos Pineda pidió recientemente que «por igualdad de condiciones» las elecciones se repitieran y lo dejaran competir de nuevo por la presidencia.
  • Esto luego de presentar un recurso ante la Corte de Constitucionalidad y pedir que, así como Bernardo Arévalo y el partido Movimiento Semilla, se permitiera que él y Prosperidad Ciudadana fueran tomados en cuenta.
  • Analistas consultados confirman que los procesos judiciales en ambos casos son diferentes, por el tiempo en el cual se dieron, por los procedimientos en cada uno y los motivos de las resoluciones dictadas.

El pasado 15 de julio, mientras cientos de guatemaltecos protestaban fuera del Ministerio Público exigiendo que se respete la voluntad popular y que no se judicialicen las elecciones, el expresidenciable Carlos Pineda presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para repetir las elecciones y que se le deje participar.

El argumento de Pineda es que si la CC resolvió que Bernardo Arévalo puede continuar en segunda vuelta, debido a que un partido no puede ser suspendido durante el proceso de elecciones, el cual fue convocado el 20 de enero y termina con la oficialización de la segunda vuelta presidencial, no debieron prohibirle a él su participación. En esta nota explicamos por qué los procesos son distintos.

Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, primero señala que se debe aclarar que al partido Prosperidad Ciudadana (PC) nunca se buscó cancelarlo, lo que se suspendió fueron sus candidaturas. Por el contrario, lo que el Ministerio Público (MP) ha buscado con Movimiento Semilla sí es suspenderlo, a través de suspender su personería jurídica.

«Esta es una gran diferencia, además de los efectos legales en cada caso», asegura Ortiz.

Bernardo Arévalo avanzó a segunda vuelta presidencia. La candidatura de Carlos Pineda fue suspendida un mes antes de las elecciones. Fotos: Redes sociales.

La resolución que no le permitió participar a Pineda fue un amparo provisional emitido por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, el 19 de mayo, a favor del partido Cambio (liderado por Manuel Baldizón y sus hijos). Impugnaron la asamblea nacional de PC del 20 de noviembre de 2022. 

Las razones que presentaron fueron que en esa actividad el quórum no era el mínimo requerido y no se presentaron los estados financieros. La Sala dio por válidos los argumentos y anuló la asamblea. 

Esto automáticamente invalidó todas las postulaciones posteriores que realizaron los miembros del comité ejecutivo electo ese día. Entonces, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió las 1,351 candidaturas de PC.

En cambio, el caso de Movimiento Semilla surge con la denuncia de una supuesta firma falsificada para adherirse al partido. En febrero de este año, la Fiscalía de Delitos Electorales conoció el caso, denunciado por el mismo partido. Un mes después había sido enviado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que dirige Rafael Curruchiche.

El 23 de abril, el diputado Samuel Pérez, denunció a través de un video en sus redes sociales que la FECI buscaba criminalizar a miembros del partido por este caso. No hubo más acciones hasta que, con el conteo de votos del 25 de junio, se conoció que Bernardo Arévalo iría a segunda vuelta.

El 12 de julio, día que el TSE oficializó que Arévalo correría al balotaje con Sandra Torres, el fiscal Curruchiche informaba que por orden del juez Fredy Orellana, la personería jurídica de Semilla quedaba suspendida y con ello la participación de Arévalo y todos los cargos que el partido había alcanzado en las elecciones. 

Según Curruchiche, la denuncia de la firma viene desde mayo de 2022. «Un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente», dijo. Casos similares con otros partidos han sido tomados como administrativos.

Hasta hoy, la decisión del TSE es la que ha prevalecido, pero el MP insiste con diligencias en contra de Semilla y del TSE. Incluso ha allanado dos veces a esta institución, el 13 y el 20 de julio y la sede del partido el 21.

Para el analista político Daniel Hearing, existe diferencia en cuanto a los tiempos de cada caso. «Se generan en ambientes distintos. No es lo mismo hacer lo que le hicieron a Carlos Pineda, cuando queda un mes de las elecciones y la información sobre él es de encuestas a hacerlo cuando ya se han cumplido las elecciones y los datos que se tienen son votos. Política y socialmente es distinto».

Otras diferencias en los casos

Edgar Ortiz explica que el tiempo en que ocurren los hechos también influye. A Pineda lo afectaron antes de las elecciones, cuando fue «más común» ver que se revocaba una inscripción por acciones legales. En el caso de Arévalo se afecta todo el proceso, porque no puede haber segunda vuelta con una persona o permitirle a alguien que no alcanzó los votos llegar a esta instancia.

Además, explica que en el caso de Semilla se está utilizando la Ley Contra la Delincuencia Organizada, cuando está claro que estos casos competen a la Ley Electoral.

Según el jefe de la FECI: «existen indicios de que más de 5,000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente». También aseguró que supuestamente fueron inscritas 12 personas fallecidas y que existen firmas sin nombres y hojas alteradas.

Para Ortiz la suspensión de las candidaturas de PC fue incorrecta y pudo tener irregularidades. Sin embargo, la petición de Carlos Pineda en este momento ante la Corte de Constitucionalidad no está en tiempo, pues eso mismo pidió en el momento oportuno con las acciones que interpuso.

Para Hearing la exclusión de Pineda fue por razones políticas porque salía primero en las encuestas. «Las razones son esencialmente las mismas por las que quieren sacar al Movimiento Semilla. Cada uno a su manera no le da garantías al pacto cleptocrático para mantener las cosas en el país como están».

Los analistas coinciden en que el impacto que se tiene en este momento por las acciones del MP contra Semilla es mucho más grande que el que pudo generar contra Prosperidad Ciudadana. 

La linterna es un proyecto contra la desinformación en las Elecciones Generales 2023 en Guatemala. Hace verificación del discurso público y detección de bulos. Es coordinado por Ocote con la participación de ConCriterio, elPeriódico, No-Ficción y Ojoconmipisto y es financiado por Capir.

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