Uno de los contenidos que, con mayor virulencia, circula en redes sociales asegura que el partido Movimiento Semilla, es «proaborto». En esta nota exponemos la respuesta del partido, que niega su intención de hacer cambios a la ley y aprovechamos a explicar sobre el tema y responder algunas preguntas que surgen sobre la interrupción del embarazo.
AL INSTANTE:
- Contenidos en redes sociales, definen al partido Movimiento Semilla como «proaborto». Sin embargo, el partido ha negado tener la intención de hacer cambios a la legislación actual sobre el aborto en Guatemala.
- El candidato presidencial Bernardo Arévalo ha afirmado que no pretenden hacer cambios legislativos sobre el tema, pero sí defender la legislación vigente.
- La legislación guatemalteca sobre el aborto se encuentra en el Código Penal y establece penas de prisión para las mujeres que aborten y para quienes causen el aborto. Existe una excepción para el aborto terapéutico en casos de peligro para la vida de la madre.
- Dos conceptos para conocer: La despenalización plantea que el aborto se puede despenalizar en ciertas situaciones y tiempos, es decir que no sanciona el aborto en casos de violencia sexual, malformación fetal, grave riesgo para la salud de la vida de la mujer. La legalización plantea quitar el aborto como un delito y que quede fuera del derecho penal.
Los mensajes en que se acusa al Partido Movimiento Semilla se multiplicaron luego de los resultados de las elecciones del 25 de junio. Luego de las audiencias de revisión de escrutinios, y aunque los resultados no son aún oficiales, todo apunta a que Movimiento Semilla se convertirá en la tercera fuerza política del Congreso y que Bernardo Arévalo pasa a la segunda vuelta para la contienda por la Presidencia de Guatemala.
Los contenidos circulan en diversidad de formas –ilustraciones explícitas y fotomontajes, mensajes de voz, y prédicas–, que no reproduciremos para no ampliar su difusión. Estos mensajes repiten que el partido es «proaborto» sin que hasta ahora se haya detectado alguna prueba. La linterna ampliará la información de ser necesario.
«Nosotros hemos sido explícitos en decir que creemos que en este momento Guatemala tiene una legislación sobre el aborto, que es la que necesitamos mantener (…) no vamos a promover ningún cambio (a la legislación)», respondió Arévalo en una entrevista en Con Criterio el 27 de junio de 2023. Dos días después de la primera ronda.
Arévalo agregó en la misma entrevista: «En todo caso, lo que planteamos es una política de educación sexual integral para evitar los embarazos indeseados ya sea por relaciones sexuales prematuras o por abuso. Pero no vamos a promover ningún cambio. Y vamos a defender el aborto terapéutico –el vigente– porque defiende la vida de las mujeres, defiende la salud y evita la criminalización de mujeres que sufren abortos espontáneos.”
El aborto en la ley
La linterna utiliza el método de Fáctica para la verificación del discurso y la detección de bulos. Pero, dada la naturaleza del fact-checking, es imposible verificar predicciones, promesas o asuntos que podrían suceder en el futuro. Solo es posible evaluar la viabilidad en el caso de promesas y contrastar dicha información con las personas señaladas en el contenido –cuando aplica–.
En este caso, dado el anonimato de los contenidos que circulan, incluimos las aclaraciones de la organización política y exponemos, como información de contexto, algunas acciones que realizó en el Congreso de la República, además deinformación relacionada con el tema.
La legislación a la que se refiere el candidato Bernardo Arévalo está en el Capítulo III del Código Penal y establece penas de uno a tres años de prisión contra las mujeres que aborten y contra quienes causen el aborto.
El artículo 137 se refiere al aborto terapéutico y detalla que «no es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico. Si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos».
El Código Penal es una normativa que, como su nombre indica, regula las penas que se imponen a cada delito en el país. s la única ley guatemalteca que menciona el aborto.
En Guatemala existen otras normativas, como la Ley de maternidad saludable y la Ley de planificación familiar, pero en ninguna se menciona el aborto.
En 2018, la exdiputada Sandra Morán propuso la iniciativa 5376, Ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas. La propuesta abrió el debate sobre la interrupción del embarazo en niñas víctimas de abuso sexual.
El artículo 7 proponía agregar dos párrafos al artículo 173 del Código Penal para que las niñas de hasta 14 años víctimas de una violación sexual puedan interrumpir el embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
Según reportes de prensa, unas 60 organizaciones fueron convocadas al Congreso para debatir la propuesta. Sin embargo, en septiembre de 2018 la Comisión de la Mujer le dio dictamen desfavorable.
Lo que sí se intentó
El 8 de marzo de 2022, el Congreso de la República aprobó la iniciativa de Ley 5272, que imponía penas más duras para las mujeres que aborten. Un total de 101 diputados votaron a favor de aprobar esa normativa, la cual fue vetada después por el presidente Alejandro Giammattei, ante la presión ciudadana.
Los diputados de Semilla, Creo y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) fueron los únicos que votaron en contra de su aprobación.
El 25 de octubre de 2022, organizaciones sociales presentaron una iniciativa de ley que obliga al Ministerio de Educación (Mineduc) a cumplir con la educación integral en sexualidad (EIS). La propuesta detalla que la implementación de la EIS debe ser en todos los niveles y sectores que forman parte del sistema educativo, de forma gradual, acorde con la edad y basada en conocimiento científico y laico.
Román Castellanos y Andrea Villagrán, diputados de la Comisión de la Juventud, (en estas elecciones recién reelectos por Semilla), colaboraron en la asesoría legal de la propuesta de ley. «La intención de la iniciativa es brindar y adjudicar responsabilidades concretas y puntuales al Mineduc para que asegure el acceso a la EIS, pero con una estructura institucional que le permita ejecutar», explicó Villagrán a Ocote.
El Plan de Gobierno de Movimiento Semilla no contempla ningún apartado sobre el aborto, pero tampoco sobre educación sexual. Reyes explica que no se incluyó porque serán propuestas que la bancada de la próxima legislatura incluirá y que todavía las están analizando.
Andrea María Reyes Zeceña, fiscal de Semilla, y quien de acuerdo a los resultados de las elecciones del 25 de junio ocupará una curul en el Congreso, asegura que Semilla buscará promover la educación sexual integral y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
¿Un tema de Semilla?
«El debate del aborto se entrampa en una esfera ideológica, el planteamiento de Semilla es abordar la educación sexual como un tema de salud pública”, afirma Reyes.
La diputada electa por Semilla agregó que estudiarán la propuesta sobre educación integral en sexualidad presentada por organizaciones sociales en 2022 para decidir si la impulsan o proponen una nueva.
Samuel Pérez, quien es diputado en la actual legislatura y fue reelecto para la próxima, explicó que el plan legislativo del próximo período no ha sido consensuado con la bancada electa, pero refirió que uno de los puntos podría ser continuar con la fiscalización de los casos de violaciones a niñas en el país.
«El aborto no lo vamos a tocar, no es un tema en la agenda del partido, ni del Congreso ni del Ejecutivo», insistió Pérez.
La tercera fuerza en un Congreso conservador
Según los resultados preliminares, Semilla va a ser la tercera bancada más grande en el Congreso durante la próxima legislatura. Esta agrupación habría obtenido 23 curules, superada por la UNE con 28, y por Vamos con 39.
Para decretar, reformar y derogar una ley, cualquier bancada necesita de 81 votos (mayoría absoluta) en el Congreso, mientras que para aprobar una ley de urgencia nacional necesita 107 votos (mayoría calificada).
A criterio de Gabriela Carrera, politóloga de la Universidad Rafael Landívar, en un caso hipotético, Semilla se propusiera pasar cualquier normativa, tendría que negociar con otras bancadas que son conocidas por tener un voto más «conservador» en el Congreso.
Estas bancadas, que obtuvieron mayoría en el Legislativo, son las que impulsan un discurso conservador que promueve agendas anti derechos de la comunidad LGBTIQ+ y de las mujeres, además tergiversan las necesidades reales de esos grupos de la población, señala Carrera.
La politóloga opina que en el contexto actual de Guatemala la desinformación está siendo una estrategia de seducción al voto conservador y que un ejercicio ciudadano responsable es analizar si esas desinformaciones coinciden con las propuestas que la bancada Semilla hizo en el Congreso.
“«l llamado es a abrir los ojos y recuperar la acción legislativa de una bancada que ha dicho cuáles son sus enfoques y concluir si su trabajo coincide con las desinformaciones que circulan», dijo Carrera.
Las narrativas sobre el aborto en la política
Quetzalí Cerezo Blandón, abogada feminista y directora de la Asociación Movimiento por la Equidad en Guatemala (AME Guatemala), explica que en 2017 tras la llegada del barco de Woman on Waves que ofrecía la interrupción del embarazo a mujeres guatemaltecas con hasta nueve semanas de gestación, grupos conservadores se organizaron para meter una narrativa sobre la llamada «ideología de género» que promovía desinformación acerca del aborto en el país.
Desde entonces y tras el debate que generó la propuesta de Sandra Morán, «estos grupos empezaron a hacer eventos donde le preguntan a los candidatos presidenciales si están a favor o en contra del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo para comprometerlos contra los temas de derechos humanos de estas poblaciones», indicó.
Cerezo subraya la diferencia entre despenalización y legalización del aborto: la primera plantea que el aborto se puede despenalizar en ciertas situaciones y tiempos, es decir que no sanciona el aborto en casos de violencia sexual, malformación fetal, grave riesgo para la salud de la vida de la mujer. «En estos casos se ponen tiempos, por ejemplo, hasta las doce semanas», explica. La legalización plantea quitar el aborto como un delito y que quede fuera del derecho penal.
«El problema es la criminalización que estas narrativas crean en las mujeres, que las ponen como criminales al poner como un delito el realizarse un aborto en la mayoría de las causales del Código Penal», enfatiza Cerezo.
La desinformación como discurso
A criterio de Cerezo la desinformación sobre los temas relacionados con salud sexual y reproductiva, con los derechos de las mujeres y de la poblacón lTBIQ+se viralizan con facilidad en redes sociales porque se manipula el discurso para que pase de ser un tema sobre derechos de las mujeres hacia un tema de emociones. «Es un discurso plagado de estereotipos, prejuicios y de información que no está científicamente comprobada», señala.
Una investigación realizada por Ocote en 2021, analizó decenas de cuentas de desinformaban sobre el Covid-19, e identificó que las cuentas que desinforman con una narrativa conservadora, replican también mensajes en contra de los derechos humanos, de la comunidad LGTBIQ+ y de las mujeres. Mencionaba también que dichas cuentas solían instalar narrativas en defensa de la corrupción.
Eric Castillo, analista político del Instituto 25A, añade que lo que mueve estos discursos en redes sociales es el morbo.
«Son temas con los que se puede muy fácilmente generar desinformación porque solemos creer todo lo que vemos en las redes sociales, donde no tenemos la capacidad o las herramientas para saber si es desinformación porque todo circula muy rápido», concluye el analista.
La linterna es un proyecto contra la desinformación en las Elecciones Generales 2023 en Guatemala. Hace verificación del discurso público y detección de bulos. Es coordinado por Ocote con la participación de ConCriterio, elPeriódico, No-Ficción y Ojoconmipisto y es financiado por Capir.
