Equipo La linterna
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- Aumentar el número de policías y mejorar su infraestructura, construir una prisión para reos de alta peligrosidad y modernizar el Sistema Penitenciario, son propuestas del Movimiento Semilla.
- La UNE ofrece usar fuerzas combinadas Policía-Ejército para combatir la criminalidad, construir cuatro prisiones, crear botones de pánico en las calles y una red de cámaras de videovigilancia.
- A decir de especialistas en seguridad, las propuestas se quedan cortas para las necesidades de la población en materia de seguridad, como retomar la reforma policial, asignar más presupuesto a Presidios y todo debería ir de la mano de un buen sistema de justicia.
La inseguridad y la violencia son problemas multicausales, que requieren abordarse de forma integral. Guatemala, de hecho, es el país con más denuncias por extorsión en Centroamérica, según un informe de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que cada día son asesinadas ocho personas.
En seguridad, el plan de gobierno del Movimiento Semilla presenta cuatro propuestas, mientras que el de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presenta 41.
Ambos partidos apuestan por la infraestructura carcelaria para un sistema que en la actualidad tiene 360 por ciento de ocupación, de acuerdo con la investigadora de temas relacionados con privación de libertad, Corinne Dedik.
Mientras Semilla se propone construir con 1,100 millones de quetzales una cárcel para reclusos condenados a penas graves donde se «concentre a los criminales peligrosos y un modelo de gestión penitenciaria más seguro que responda a la actualización de la política penitenciaria».
La UNE ofrece construir con Q2 mil millones «cuatro cárceles de máxima seguridad, lejos de las ciudades», pero ninguno aclara para cuántos reos tendría capacidad la infraestructura.
Ninguno de los dos partidos expone planes específicos de reinserción a la sociedad o rehabilitación para los reos. La UNE propone «un programa de trabajo con fines reeducativos», pero no lo detalla. Semilla, por su parte, no lo menciona. A decir de Dedik, este debería ser un eje prioritario, pues la reinserción de los reclusos a la sociedad debe ser uno de los fines principales del sistema carcelario.
«La infraestructura es útil para la situación actual del sistema, pero no ayudará si se continúa con una administración deficiente. Si solo se piensa en obra, solo tendremos más espacios, pero sin gestionarlos como se requiere», continúa Dedik.
Otro de los planes en los que coinciden es el del fortalecimiento institucional. Semilla se centra en la Policía Nacional Civil (PNC) y la UNE agrega al Ejército para hacer trabajo combinado, sobre todo a nivel carcelario, pues propone militarizar los centros penitenciarios.
Según Carmen Rosa de León, consultora de seguridad en el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, esto no es viable, pues la Ley del Sistema Penitenciario indica que en las cárceles son los agentes de esa institución los encargados de su control.
«Lo único que podría hacer el Ejército es brindar seguridad perimetral. Para cumplir con su propuesta tendría que modificar esa ley y las funciones del Ejército». Con ella coincide Dedik, pues el artículo 19 de la Constitución define a los centros penales como civiles y para militarizarlos habría que hacer reformas.
La UNE también tiene una propuesta por las estrategias disuasorias, y promete instalar botones de pánico y cámaras de videovigilancia en todo el país, lo cual no es del todo factible a criterio de De León, pues estos dispositivos requieren acceso a internet para transmitir la imagen al centro de monitoreo y no todos los municipios del país tienen infraestructura para ello.
Aun así, afirma que las cámaras son útiles como posible disuasorio para delincuentes y brindan evidencia cuando se comete un crimen. Semilla no detalla propuestas de este tipo, aunque planea resguardar las calles a través de una «policía comunitaria».
Ofrecimientos que competen a otros
Otras dos propuestas de la UNE son: «Política de cero tolerancia a la corrupción: funcionarios y políticos corruptos a la cárcel» y «cadena perpetua para los asesinos, extorsionistas y violadores».
Sin embargo, estos ofrecimientos no son competencia del organismo Ejecutivo. La primera propuesta corresponde al Judicial y también al Ministerio Público, y la segunda necesariamente debe pasar por una reforma al Código Penal, la cual solo puede hacerse desde el Congreso de la República. Lo mismo sucede con su propuesta de catalogar a los extorsionistas como terroristas.
En los últimos tres años y medio en el Congreso no hubo iniciativas de ley relacionadas con políticas de seguridad que avanzaran hasta el tercer debate.
Lo más cercano fue haber votado en 2020 por la aprobación de un préstamo de 60 millones de dólares para fortalecer al Ministerio Público a través de mejorar la coordinación entre investigadores y fiscalías, mejorar la recolección de datos para la toma de decisiones y hacer una reingeniería de sistemas internos para gestionar de mejor manera los casos.
En Semilla, seis de los siete integrantes votaron en contra, mientras 44 de los 51 de la UNE votaron a favor.
Ese año también se discutió y aprobó otro préstamo por 300 millones de dólares para modernizar e invertir en el sector justicia. Seis integrantes de Semilla votaron a favor y uno en contra. En la UNE, 19 votaron a favor, uno en contra y el resto no asistió al Congreso.
Promesas con números
Ambos partidos plantean aumentar el número de agentes de la PNC. Semilla promete agregar 12 mil en los cuatro años de gobierno y la UNE, 20 mil anuales.
El plan de la UNE no es viable, dice De León, porque si bien es cierto que hay muchas solicitudes para el puesto, «de estas se debe escoger a las mejores. Al año se gradúan 2 mil o 2 mil 500 agentes por la selección y porque las academias no tienen espacio para albergar a más aspirantes durante sus 10 meses de capacitación».
Ninguno de los candidatos detalla cómo mejoraría la formación de estos elementos.
La UNE también ofrece reducir a la mitad los delitos que actualmente se cometen. Además, propone que la impunidad, es decir, la falta de adjudicación de responsabilidades por un delito, se reduzca en un 60 por ciento (según De León, en la actualidad ronda el 97 por ciento). Promete incluso sacar de circulación el 70% de las armas ilegales.
Estas propuestas no son realistas, porque «la incidencia criminal no baja sola. Se debe analizar cada delito para reducirlo con un plan específico y eso no se logra en un período. También se necesita mucho más tiempo para reducir la impunidad», explica la analista.
Tampoco ve factible reducir la circulación de armas ilícitas, porque son ilícitas precisamente porque no se sabe su paradero. No se puede ofrecer un porcentaje de algo que no tiene medición, asegura De León.
«Ambas propuestas están incompletas»
A criterio del exministro de Gobernación de Álvaro Colom, Carlos Menocal, aunque ambos partidos tienen «buenos planteamientos», ninguna de las propuestas está completa. Para lograr avances en seguridad, dice, no solo se necesita reubicar a reos o combatir algunos delitos, sino retomar la reforma policial y brindar más recursos al Sistema Penitenciario, pues los Q600 millones anuales asignados para la entidad se van principalmente en salarios y funcionamiento.
Según Menocal, para mejorar la seguridad ciudadana a quien se debe fortalecer es a la PNC. «La creación de la reforma policial duró desde el gobierno de Colom hasta el de Jimmy Morales. En ese y en el gobierno de Alejandro Giammattei no se puso en práctica ese trabajo que costó diez años, pero puede retomarse».
Aunque en la última década no se ha construido ni una cárcel, el exministro ve posible renovar el Sistema Penitenciario, en donde se separe a los reos por peligrosidad, que no puedan tener contacto con el personal de seguridad y se implemente un régimen disciplinario funcional.
A criterio de Menocal, un mejor sistema penitenciario no requiere una o cuatro cárceles, sino de un complejo donde «los reos no tengan contacto con quienes les proveen privilegios para delinquir desde adentro».
Pero, el exministro reconoce que esto también debe acompañarse de una mejora en la eficiencia del sistema de justicia, para que emita sentencias y dé medidas sustitutivas a quienes pueden optar a ellas. Con ello, explica, se descongestionaría una parte de la sobrepoblación del sistema carcelario.
Carmen Rosa De León concuerda con esto y sostiene que una propuesta de la UNE sí puede contribuir con ello: reducir la papelería en los trámites judiciales y agilizar las gestiones en línea.
Otra promesa que ve factible de la UNE es reducir los homicidios a 10 mil por cada 100 mil habitantes, «pero no por la gestión de Sandra Torres, sino porque la tendencia va hacia allí en los próximos años por estadística. A más habitantes anuales, menor es la incidencia en automático».
¿Alguno de los dos planes es realizable?
Según Carlos Menocal, las necesidades urgentes del país son el fortalecimiento institucional, atender los delitos que suceden en los espacios más transitados por la población, mejorar el proceso de inteligencia para identificar dónde y cuándo ocurren los hechos delictivos y combatir al crimen organizado.
«De los dos planes de gobierno, considero que el que va más encaminado a esto es el de Semilla, aunque aún no lo considero completo», afirma el exministro. De León concuerda con Menocal, pero advierte que «no hay mucho de dónde comparar, porque el plan de gobierno de Semilla no da tanta explicación sobre sus propuestas para este tema».
Sin importar quién sea electo, Carlos Menocal asegura que para lograr un avance en seguridad es necesario que el aumento de recursos provenga de la recaudación de impuestos, porque de lo contrario se necesitará disminuir el presupuesto de otra entidad para destinarlo a esto.
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