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- Según la ONU, el discurso de odio ataca la religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad de las personas.
- En Guatemala ya se está atacando a candidatas y candidatos, precisamente por los elementos que encuadra la ONU como discurso de odio.
- La normativa sobre libertad de expresión en Guatemala establece límites cuando se trata de la diseminación de mensajes de odio. El Código Penal lo tipifica como delito de discriminación.
Aunque la campaña electoral no empezó oficialmente, muchas personas comparten información en sus redes sociales que podrían encuadrarse en discurso de odio. En esta nota te explicamos los elementos de ese tipo de discurso y algunos de sus efectos.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la proliferación de los contenidos de odio en línea “ha ido acompañada junto al incremento de la desinformación”, la cual es compartida a través de todas las redes sociales.
La ONU hace especial énfasis en el uso de redes sociales para la difusión de estos mensajes: “A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, el discurso de odio en línea puede producirse y compartirse con facilidad, a un bajo coste y de forma anónima”, señala en un informe sobre el fenómeno.
En este sentido, María José Aresti, comunicóloga egresada de la Universidad Rafael Landívar que investigó sobre los discursos de odio en Guatemala para su tesis de grado, señala que ese fenómeno está tan arraigado en el país que ha llegado a normalizarse, además de que “no hay una regulación nacional que lo tipifique, por lo tanto, las personas no saben que están reproduciendo y transmitiendo discursos de odio”, enfatiza.
Naciones Unidas define el discurso de odio como “cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que es, en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad”.
Los límites de la libertad de expresión y el discurso de odio
En su investigación, Aresti se refiere al límite entre la libertad de expresión y el discurso de odio. “La gente se escuda diciendo que ejerce su derecho a decir lo que piensa, pero en cuanto ataca a alguien ya no están ejerciendo ese derecho”, indica.
Silvio Gramajo, periodista y catedrático universitario, señala que la legislación sobre libertad de expresión plantea límites claros como no transgredir los derechos de otras personas.
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“Se refiere a la honra, la imagen y la dignidad de todas las personas. Cuando se exceden esos límites deja de ser libertad de expresión”, señala Gramajo.
Estos límites también están establecidos en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que detalla que las personas tienen derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
Redes sociales en período electoral
Gramajo señala que el discurso de odio aumenta durante los periodos electorales. Esto se debe a que existen grupos que utilizan las redes para viralizar contenidos que permitan distorsionar las corrientes de opinión crítica. “Esto es muy eficaz para disminuir, ahogar y alterar las discusiones que son serias en materia política”.
Aresti añade que los casos que estudió para su tesis se hicieron virales a través de las redes sociales debido a que en estas plataformas es muy fácil diseminar el discurso de odio.
“El Internet es el espacio donde la gente está viviendo ahora. Nuestra vida se ha trasladado al espacio digital, que es un espacio rápido y sin restricciones contra este tipo de discursos. El anonimato también influye porque cualquier persona puede escribir sin mostrar su verdadera identidad”, señala.
Consecuencias legales del discurso de odio
En 2015 se registraron dos casos de mensajes racistas en redes sociales. En ambos los autores de las publicaciones debieron publicar una disculpa pública posterior y uno de los hechos ameritó una investigación del Ministerio Público (MP) por el delito de discriminación.
En el primer caso, el cantante Fernando Reynoso, conocido como Mr. Fer, publicó un tuit con un mensaje en el que hacía un juego de palabras mencionando una forma peyorativa para pueblos indígenas y el genocidio.
La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) lo denunció ante la fiscalía de Derechos Humanos, pero luego de varias reuniones con la coordinadora de la Comisión, el artista ofreció una disculpa pública y reconoció que fue un error su publicación.
Otro caso fue el del locutor Julio Reyes, quien publicó un mensaje con contenido racista en el que hacía referencia a actividades de comercio informal e incluyó una fotografía del medallista olímpico Erick Barrondo. En este caso, el deportista aceptó la disculpa pública del locutor y se abstuvo de demandarlo.
Lo que dice la ley al respecto
El artículo 202 bis del Código Penal de Guatemala describe como delito de discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil”.
Según la normativa, el delito se consuma cuando la exclusión o restricción impide a las personas ejercer sus derechos o costumbres reconocidos por la Constitución.
Este delito es sancionado con cárcel de uno a tres años y multa de Q500 a Q3 mil. Además, la pena se agrava cuando la discriminación es por razón de idioma, cultural o étnica, para quien por cualquier medio difunda, apoye o incite estas ideas, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o por un particular en la prestación de un servicio público.
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En 2018, la exgobernadora de Alta Verapaz Estela Ventura, denunció por discriminación a ocho, en ese entonces, congresistas del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). La exfuncionaria señaló que en una reunión con los diputados “la hicieron sentir indefensa por ser mujer” y le gritaron un término peyorativo por negarse a hacer contrataciones de personas afines a ese partido.
El MP procesó penalmente a los congresistas por abuso de autoridad, tráfico de influencias y discriminación, pero en febrero de 2019 la jueza Judith Secaida resolvió a favor de los diputados y les dictó falta de mérito. El argumento de la jueza fue que el MP no tenía las suficientes evidencias de lo ocurrido en la oficina de los congresistas. “Al MP le faltó investigar y eso a la juzgadora le genera duda, y cuando hay duda se decreta la falta de mérito”, explicó Secaida.
Monitoreo del racismo en redes
La oficina de Comunicación Social de Codisra informó a La linterna que mantiene un constante monitoreo de sus redes sociales para identificar contenidos racistas en las plataformas y cuando se alerta al respecto, la información se comunica al Despacho Superior institucional.
Es ahí donde se analiza el caso y si procede el delitos de discriminación se comunican con la persona afectada para dar acompañamiento en una eventual denuncia ante el MP.
Al cierre de este reportaje, Codisra no había recibido ninguna denuncia por discurso de odio en el contexto electoral. La entidad ha tramitado solo 3 casos en los últimos cinco años.
“Guatemala a nivel constitucional reconoce el derecho a la libre emisión del pensamiento a través de la expresión, no obstante resulta de suma importancia la responsabilidad ante la ley cuando en esa expresión o emisión del pensamiento se incurre en delitos o faltas”, cita Codisra.
Otros posibles delitos desde lo digital
Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, se refiere al discurso de odio que tiene otras implicaciones como el acoso, los ataques sexistas o la exposición de la intimidad de las personas.
La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas es una herramienta para denunciar todo tipo de intimidación sexual contra cualquier persona, señala Barrios. La ley contempla penas de hasta cuatro años a quienes difundan imágenes, mensajes o audios que atenten contra la intimidad de alguien.
Barrios también hace énfasis en la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, que amplía la tipificación de la violencia contra las mujeres.
“La afectación que implica la difusión de mensajes con contenido de odio y violencia merman psicológicamente a las víctimas y afectan su estado emocional, ahí es donde se puede tipificar como violencia psicológica”, detalla.
La coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo agrega que la tipificación de la violencia política como delito es oportuna en el contexto electoral que vive el país, pero lamentó que la actual legislatura prestara poca atención a ese tipo de discusiones.
Cómo erradicar el problema
María José Aresti señala que uno de los primeros pasos para erradicar el discurso de odio en Guatemala es hablar de él y que la ciudadanía sepa que no todos los mensajes son libertad de expresión.
“Hay que empezar por darse cuenta de que los pequeños y cotidianos comentarios, no son tan pequeños ni cotidianos, sino que están cargados de discursos de odio, de racismo y clasismo”.
Silvio Gramajo concluye que el tema es complejo y que el Estado debería velar porque haya más mecanismos ulteriores de sanción, ya que la ley establece que en materia de libertad de expresión no puede haber censura previa.
¿Qué hacer si detectas discursos de odio en tus redes?
El departamento de Comunicación Social de Codisra puso a disposición su página web para denunciar la discriminación en redes sociales. También presenta una guía en la que se explica qué es la discriminación y a qué entidades se puede acudir para denunciarla.
Paula Barrios recomendó utilizar el apartado de denuncias electrónicas del MP para denunciar cualquier tipo de acoso o violencia en redes sociales.
Ambas fuentes recomendaron guardar evidencia del acoso a través de capturas de pantalla en los celulares.
La linterna es un proyecto contra la desinformación en las Elecciones Generales 2023 en Guatemala. Hace verificación del discurso público y detección de bulos. Es coordinado por Ocote con la participación de ConCriterio, elPeriódico, No-Ficción y Ojoconmipisto y es financiado por Capir.
